Primo de Rivera: el intento de institucionalización del régimen

Tras el logro del desembarco de Alhucemas, gozando del apoyo del Rey, del refrendo de amplias capas polulares y del ejército, Primo creyó el momento de consolidar su régimen mediante un proceso de institucionalización que llevaba aparejado la sustitución de una Dictadura militar por otra civil. Se sustituyó un directorio militar por otro civil, se recuperó la figura del Consejo de Ministros y se puso al frente de las principales carteras a militares amigos y figuras procedentes del maurismo. Severiano López Anido ocupó la vicepresidencia del gobierno y el Ministerio de Gobernación. Jose Calvo Sotelo ocupó la cartera de Hacienda. José Yanguas Messía ocupó la cartera de Estado (Asuntos Exteriores). Eduardo Aunos ocupó la Cartera de Trabajo y el Conde de Guadalorce la de Fomento. Como el Congreso y el Senado se habían disuelto, quedaron en manos del Consejo de Ministros los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. En 1924 se había creado el Consejo de Economía Nacional, un organismo corporativo cuya misión era encauzar las aspiraciones de los principales grupos de presión, regular las medidas proteccionistas de la economía y sentar las bases del intervencionismo estatal. Asimismo, el Consejo Superior del Trabajo, Comercio e Industria regulaba las relaciones entre obreros y patronos para así evitar conflictos sociales. En este proceso de institucionalización del régimen, fueron claves dos pilares: el partido Unión Patriótica (fundado en 1924) y la Asamblea Nacional Consultiva (cuyo principal propósito era elaborar una nueva constitución). La Unión Patriótica se apoyaba esencialmente en grupos católicos, liderados por la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, la Confederación Nacional-Católica o la Acción Católica, pero también se integraron miembros de la burguesía agraria y comercial, así como militantes procedentes del maurismo. La Asamblea Nacional Consultiva constituía un sistema de representación corporativa nuevo en la tradición del constitucionalismo español: estaba formada por 400 miembros elegidos por el gobierno y por representantes de las administraciones central, provincial y local, así como por representantes de los sectores de la enseñanza, la industria, la banca o el comercio que procedían de la derecha conservadora. Como ya se dijo, la principal función de dicha Asamblea era aprobar una Constitución, algo que no logró por falta de apoyos; preparó la Asamblea un Anteproyecto de Constitución: soberanía compartida entre el Rey y las Cortes, una sola Cámara compuesta por 50 representantes designados por sufragio directo, Estado Confesional y pervivencia del Consejo del Reino (con amplias atribuciones, compuesto por nobleza, clero y ejército). En el exterior, la Dictadura tampoco cumplió sus objetivos, consistentes en la anexión de la ciudad de Tánger al protectorado español y en la asunción de un puesto permanente en el Consejo de la Sociedad de Naciones.